Informe Especial de TVN, este domingo, emitió una investigación que se centró en una sucesión de acontecimientos que se han desencadenado en torno a la explotación de casinos ilegales. Indagaron en los cuadernos que involucran a la esposa del senador Jorge Pizarro en la trama del negocio de las tragamonedas.
En un nuevo reportaje de Informe Especial, titulado «Tragamonedas ilegales: Cuadernos vinculan a esposa de senador» revelaron acontecimientos que se ha desencadenado respecto a la explotación de los llamados casinos ilegales.
El Ministerio Público sigue la pista del negocio ilegal de casas de tragamonedas que proliferan en Chile y manejan altas cifras de dinero.
La investigación se centró en cómo obtienen patentes municipales, pese a que la ley vigente las prohíbe. Estas indagatorias también se dirigieron, entre otras personas investigadas, hacia Rocío Peñafiel Salas, la esposa del senador por la región de Coquimbo, Jorge Pizarro.
Una vez emitido el reportaje, el senador señaló que «no existe por mi parte relación directa ni indirecta con alguna empresa o sociedad que explote las llamadas máquinas tragamonedas. En consecuencia de lo anterior, jamás he recibido aporte alguno de este tipo de sociedades, como lo sugiere la nota».
«Es lamentable que pese a haber contestado las dudas del equipo autor de la nota respecto a un eventual conflicto de interés, en específico sobre alcances de la ley de Probidad hacia cónyuges con separación de bienes, el reportaje insista en disponer la obligación de dicha declaración, sin ser precisos en aquel punto», agregó.
De acuerdo al parlamentario, el reportaje emitido por el canal público «hace eco de anteriores escritos de prensa digital basados en la presentación formulada por el Ministerio Público que especula sobre supuestos para sostener el caso, los que a la luz de la propia investigación han sido posteriormente descartados. Aquello es omitido de forma arbitraria, dejando en evidencia su carencia de rigurosidad».
Pizarro enfatizó en la importancia de recalcar que no he intervenido de forma alguna en la discusión respecto al proyecto mencionado, y explicó que se puede comprobar «fácilmente» mediante la revisión que puede hacer cualquier ciudadano sobre la actividad parlamentaria, «no participé en la discusión sobre ese tema en la sesión de 8 de mayo 2019, como lo menciona la nota, y menos voté sobre la letra del proyecto tramitado».
Por otro lado, el senador agregó que «la moción parlamentaria que apoyo, y a la que se hace alusión, no beneficia el negocio de los casinos o juegos de azar, sino que apunta precisamente a tomar conciencia respecto del acceso a estos por parte de personas que padezcan de ludopatía».
«Respecto a las imágenes utilizadas para justificar una votación positiva, aquella no está relacionada con el fondo del proyecto, sino respecto del procedimiento del trámite legislativo», agregó.
Respecto a la relación comercial que mantuvo su esposa, Rocío Peñafiel, con empresarios vinculados a la explotación de juegos de destreza, de acuerdo al parlamentario «se ajusta plenamente a toda la normativa vigente».
«Dicho reportaje acomoda hechos aislados para crear un escenario y atribuirme un comportamiento por lo menos dañino a mi quehacer parlamentario, lo que es absolutamente ajeno a mi labor legislativa», disparó el senador.
Pizarro concluyó que «la nula intervención por mi parte en hechos que pudieran revertir carácter de delito se verá despejada al término de la investigación en curso respecto las actividades comerciales de mi cónyuge».
¿En qué está la ley de las máquinas tragamonedas?
En julio de este año el gobierno puso suma urgencia al proyecto de ley sobre máquinas tragamonedas. La decisión se tomó luego que se revelara que las máquinas de premio programado que operan en Chile son ilegales, puesto que ninguna tiene la certificación que entregan las empresas autorizadas por la Superintendencia de Casinos de Juego.
Su ilegalidad fue establecida en una circular que emitió dicha entidad en 2016, pero que, por carecer de facultades fiscalizadoras, quedó en letra muerta, permitiendo con ello que decenas de alcaldes las autoricen a través de patentes comerciales, como una manera de obtener mayores recursos económicos.
Sin embargo, en 2017 la Contraloría realizó una auditoría sobre la explotación de máquinas de juegos de azar en los municipios y concluyó que es el Ministerio del Interior, a través de las Intendencias y Gobernaciones, el encargado de reprimir su uso cuando no cumplen la normativa.
