La legisladora respaldó la denuncia de los afectados y la preocupación manifestada por los alcaldes de las comunas rurales de la región, señalando que a su juicio, en estos casos, ha faltado una mayor coordinación e información por parte del MOP. En este sentido la representante de la región de Coquimbo enfatizó que “la gravedad de la situación de sequía que enfrenta nuestra región amerita, como principio general, actuar con extrema precaución y con la mayor información posible a todos los afectados, en la adopción de decisiones que afecten las escasas reservas y cursos de agua” – indicó la parlamentaria – que acusó que, por el contrario, estas obras se han realizado manteniendo en la absoluta desinformación a las comunidades.
A reglón seguido desestimó las explicaciones entregadas por la SEREMI Meléndez, en el sentido que en lo referido a la situación de Carén y alrededores la DOH actúa sólo como mandante de los regantes, propietarios de los derechos de aprovechamiento de aguas y que en el caso de los camaroneros del Choapa, éstos no tienen título jurídico para su explotación. “Creo que estas expresiones, aunque pueden ajustarse a los criterios estrictamente legales, carecen de sensibilidad social y se contradicen políticamente con las orientaciones del actual Gobierno” – fustigó Muñoz.
“Estos dichos reflejan una visión privatista de la gestión del agua, que la entiende como un bien particular y no considera su función social y los efectos en el entorno y las personas, absolutamente opuesta a lo contemplado en el programa de la Presidenta Michelle Bachelet y que fundamenta las propuesta de modificación a la legislación que se pretende introducir y que algunos parlamentarios venimos trabajando por años” – recalcó la senadora PPD, quien agregó que resulta incomprensible, además, que no se haya adoptado ninguna medida de prevención en relación a los camarones de río, cuando el proyecto CORFO-UCN es público y conocido por todos desde hace bastante tiempo.
La presidenta dela comisión de Recursos Hídricos del Senado informó que oficiará a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas con el objeto que se analice la forma de reparar estos daños y para que las acciones vinculadas a la alteración de cursos de agua se encuentren en el futuro suficientemente justificadas en el bien común, se asegure una adecuada planificación y coordinación de los servicios involucrados para minimizar las externalidades negativas y se considere, también, la suficiente información y compensación a las comunidades y actividades aledañas por los perjuicios que se pudieran causar.
