El debate de la condonación de créditos universitarios está que arde y la polémica sobre si sería justo o no el «borrón y cuenta nueva». Perdonazo que no llegaría tal y como lo había anunciado el ejecutivo en su promesa de campaña. Como coletazos se supo que hay autoridades a lo largo de Chile que aún no cancelan su deuda, y eso que hace tiempo ganan buen sueldo.
En la zona, figuran dos personas. Se trata del caso de la gobernadora de Coquimbo, Krist Naranjo, que debería $32 millones. Mientras que Cecilia Ramírez, seremi de eduación, adeudaría $6,6 millones.
Hasta el 31 de diciembre de 2023, al menos 65 autoridades mantenían deudas por créditos universitarios, según un informe del Consejo de Rectores (Cruch). Esta lista incluye a alcaldes, concejales, gobernadores, delegados presidenciales, seremis, diputados y jueces, quienes figuran con cuotas impagas.
De acuerdo con El Polígrafo, un total de 235 altos funcionarios públicos declararon tener deudas de crédito universitario en sus declaraciones de patrimonio, actualizadas en marzo de este año. De estas deudas, ocho corresponden al Crédito con Aval del Estado (CAE), mientras que el resto pertenece al Fondo Solidario del Cruch. Solo es posible conocer el estado de morosidad en este último caso, ya que el Cruch publica una nómina cada diciembre, según la Ley 19.287.
El análisis de las declaraciones de patrimonio y la lista de deudores morosos del Cruch reveló que al menos 65 autoridades y altos funcionarios públicos tenían cuotas vencidas e impagas en diciembre de 2023. El promedio de las deudas es de $10 millones, con la más alta alcanzando $69 millones, perteneciente a Mariana Díaz, relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago. Díaz afirmó desconocer su situación y repactó los pagos el pasado jueves.
Entre los funcionarios judiciales, al menos 11 jueces y tres relatores aparecen en la lista de deudores. La segunda mayor deuda es de Daniel Pizarro, concejal de San Carlos, quien debe $63 millones a la Universidad de Concepción. Otros altos funcionarios con deudas incluyen a delegados presidenciales, gobernadores y alcaldes.
El delegado presidencial de Ñuble, Anwar Farrán, adeuda $21 millones, mientras que el delegado de O’Higgins, Fabio López, figura con $1,3 millones, aunque presentó un comprobante de pago de marzo. El gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, pagó su deuda de $3,6 millones el pasado viernes. La gobernadora de Coquimbo, Krist Naranjo, debe $32 millones.
En el ámbito municipal, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, saldó su deuda de $2,3 millones. El alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, pagó los $20 millones que debía.
Otros alcaldes morosos incluyen a Abel Painefilo de Curarrehue ($30 millones), Alejandro Pedreros de Coelemu ($21 millones) y Aldo Retamal de Los Lagos ($1,7 millones), quienes afirmaron haber pagado sus deudas. Sin olvidar que diez concejales acumulan una deuda total de más de $150 millones.
El caso de los
seremis de Educación
En cuanto a los seremis de Educación, cinco aparecen en la nómina: Claudia Silva de Tarapacá ($9 millones), Cecilia Ramírez de Coquimbo ($6,6 millones), Romina Maragaño de Valparaíso ($3,6 millones), Juan Pablo Gerter de Los Ríos ($1,9 millones) y Alyson Hadad de O’Higgins ($300 mil), cuyas deudas fueron saldadas esta semana.
Además, el seremi de Agricultura de Tarapacá, Eduardo Justo Cruces, adeuda $19 millones, y el seremi de Medio Ambiente de Ñuble, Mario Rivas, tiene una deuda de $5,5 millones, la cual ya estaría regularizada según sus asesores de prensa.
