El Sindicato de pescadores artesanales de Totoralillo Norte y mariscadores, presentarán una querella por los presuntos delitos de desacato y falsificación ideológica en contra de la Ministra Medioambiente, Maisa Rojas
(Maisa), y otras autoridades.
Argumentan que no haber dado cumplimiento en el plazo y condiciones fijados por el Primer Tribunal Ambiental (1TA) en la sentencia de 9 de diciembre de 2024, que acogió la reclamación de Andes Iron SpA, titular del Proyecto Dominga.
Un paso más allá hicieron comunidades de La Higuera sobre el polémico proyecto minero portuario Dominga. Por eso este jueves se escirbió otra página de esta historia de más de una década.
«Esta es la primera vez en la historia, desde 1994, que el Comité de Ministros, conformado por seis ministros de Estado, no da cumplimiento a lo ordenado por un Tribunal Ambiental, quebrantando la sentencia y el Estado de Derecho. Con ello se exponen no sólo a su responsabilidad administrativa, sino que también penal y a una eventual acusación constitucional», advirtió Marcelo Castillo Sánchez, representante de los pescadores.
DURO EMPLAZAMIENTO
Advierten que la acción legal se sustentaría en que el Comité de Ministros, que se realizó el 10 de enero de 2025, no habría cumplido con ninguna de las condiciones exigidas por el Primer Tribunal de Antofagasta, que acogiendo la reclamación de Andes Iron, estableció las condiciones en que debía resolver nuevamente el órgano ministerial.
«El Comité de Ministros incurrió en un manifiesto y grave desacato de lo ordenado cumplir por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, lo que fue corroborado por la resolución de 17 de febrero de 2025, de dicho tribunal, que constató el incumplimiento del plazo judicial, y de las condiciones fijadas en la Resolución Exenta N° 20259910145, de manera que anuló y dejó sin efecto sus considerandos 12, 13 y 15, así como los puntos 2, 6, 16, 17, 18 y 19 de su parte resolutiva, atendido a que incumplen la sentencia dictada en autos como se estableció en esta resolución, cuyos efectos quedan suspendidos hasta la dictación del acto complementario que se ordena a continuación», argumentó Marcelo Castillo.
Y agregó «una verdadera dictadura ambiental del Gobierno, en que no se respeta la institucionalidad ambiental, las leyes y los fallos de los tribunales de justicia, sólo para cumplir la promesa de campaña del Presidente Boric, que expresó su rechazo al Proyecto Dominga, de manera infundada y violatoria de los derechos fundamentales del titular del Proyecto y de los pescadores que apoyan a Dominga».
Entre las consideraciones, se contaría que la resolución del Comité de Ministros se dictó fuera del plazo legal, que vencía el 31 de diciembre de 2024, mediante la Resolución Exenta N° 20259910145, de fecha 14 de enero de 2025, es decir, dos semanas después del plazo fijado por el tribunal.
En segundo lugar, no fue integrado por Ministros Subrogantes que no se encontraran afectos a situaciones que comprometieran su imparcialidad y probidad administrativa, ya que dos de ellos habían emitido pronunciamientos previos contrarios al proyecto.
