Así lo estableció la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento frente a la acusación realizada por el diputado del PC Daniel Núñez, quien develó que la empresa de salud descontaba la cuota del préstamo por planilla, pero no pagaba el crédito a la Caja Los Andes. Ante esta situación, la institución crediticia puso en marcha una serie de embargos contra los supuestos trabajadores “morosos”.
“Existe pronunciamiento de la Dirección del Trabajo al respecto, entendiendo que en aquellos casos en que demuestre que la entidad empleadora ha deducido de sus remuneraciones el descuento por el crédito social respectivo, se debe considerar por parte del trabajador la obligación extinguida, entendiendo que para certificar el pago de las cuotas, es necesario que presenten a la Caja de Compensación la documentación pertinente, esto es, las liquidaciones de remuneraciones o finiquito, donde conste el descuento efectuado por sus créditos”, se afirma en parte del documento de la Súper de Insolvencia.
Para el diputado Núñez, el pronunciamiento del organismo estatal ayudará a resolver parte importante de los problemas que enfrentan cerca de 40 trabajadores de la Clínica Coquimbo, a quienes, además, hace 2 años que no se les pagan las imposiciones previsionales y sufren por el retraso en los pagos de sus remuneraciones.
“Es un hecho casi insólito lo que pasa con la Clínica Coquimbo. Ha realizado todo tipo de incumplimientos legales con sus trabajadores. Valoro el pronunciamiento de la Súper de Insolvencia, ya que permitirá regularizar la situación a los trabajadores perjudicados por esta irresponsable empresa”, enfatizó Núñez.
El parlamentario se encuentra a la espera de que la Superintendencia de Seguridad Social conteste un oficio de fiscalización que le envió sobre el caso para así contar con mayores argumentos que ayuden a solucionar los problemas de los trabajadores.
