Trabajadores a honorarios: «Para decirlo de una manera simple… no tenemos derecho a nada»

Es una lucha de años, pero todavía no han recibido una respuesta concreta a sus demandas por parte del Estado. Ayer, en todo el país, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios del Estado (UNTTHE) realizó una movilización en rechazo a la cotización obligatoria que entró en vigencia en enero pasado.
Desde la organización advierten que esto mermará el salario a más de 380.000 trabajadores, calculando que repercutirá en un 19,75% de su sueldo mensual, al no ser reconocidos como funcionarios y funcionarias.
En ese sentido, Ximena Andrade, delegada del sindicato de trabajadores a honorarios del Instituto Nacional de Estadísticas, exigió que se aborde el tema de la precariedad laboral, batalla que -recordó- «ya tiene más de 10 años».
Agregó que «se hizo un llamado nacional a movilizarse para rechazar la cotización obligatoria y solicitar una ley corta que prorrogue la ley 20.255 que nos obliga a cotizar. Esto, porque la cotización obligatoria va directamente en desmedro de nuestro sueldo líquido. Somos trabajadores a honorarioss, lo que quiere decir que no estamos regidos ni por el código del trabajo, ni por el estatuto administrativo, sino que por el código civil, lo que lógicamente es un escenario de mucha precariedad laboral, porque para decirlo de una manera resumida, no tenemos derechos laborales: no tenemos derecho a la protección de la maternidad y tampoco a negociaciones colectivas. ¡A nada! Y nuestro empleador que es el estado, no nos paga las cotizaciones, aun cuando nosotros trabajamos por proyectos estables, en condiciones de subordinación y dependencia», sostiene Andrade.
En lo concreto, y cómo les afecta la cotización obligatoria, Andrade explicó que «si uno va sumando, a nosotros se nos seguirá reteniendo el 10%, pero a eso se suma la AFP, más el seguro de invalidez, más la comisión de AFP que puede llegar, incluso, hasta el 11,8%. La Isapre o Fonasa, lo que corresponde a salud, que es el 7% y el seguro de accidente, equivalente al 0,95%. Eso, en un sueldo bruto, por ejemplo de 900 mil pesos, implica un total de descuentos de 232 mil pesos. Es decir, pasamos a tener 667 mil pesos de una. Nosotros consideramos que eso no corresponde, porque es el estado el que debe hacerse cargo de las cotizaciones de los trabajadores a honorarios, que cumplen funciones públicas al igual que el resto de nuestros compañeros que están a contrata y a planta».
Es por ello que exigió que «el Estado cumpla con su deber como empleador y nos contrate», puesto que «el Gobierno lo que hace cada año cuando define el presupuesto, digamos, es que tal cantidad de funcionarios pueden pasar a contrata. El tema es que lo hacen asimilando nuestro sueldo de bruto a bruto, sin respetar el líquido. En el fondo, sacan el pago de las cotizaciones de nuestro sueldo y no lo asumen ellos. Entonces, muchos trabajadores rechazan la contrata, porque lógicamente no es un ofrecimiento justo. En el caso de un compañero de trabajo que gana 600 mil pesos le descuentan el 10% que son 60 mil pesos, quedando con un sueldo líquido de 540 mil. Y el otro día fue a la AFP a preguntar cuanto le salía cotizar y son 100 mil pesos, es decir que va a estar percibiendo 440 mil pesos, entonces esos 100 mil pesos que tiene que pagar de cotizaciones salen de su sueldo, de su bolsillo».
Respecto a la cantidad de honorarios que cumplen sus funciones en los municipios de La Serena y Coquimbo, sostuvo la dirigente que «son cerca de 1.300 funcionarios a honorarios, pero a nivel general en todas las reparticiones, esto ha ido aumentando de manera exponencial. De hecho, es una forma habitual de contratación que tienen los municipios y el estado, así que por eso es tan grave el asunto, porque ya no es un problema particular de ciertas personas, sino que es un escenario laboral en el que tus hijos puedan llegar a la brevedad estar en esa situación. De verdad que es un tema que hay que darle solución y pensamos que ya no se puede seguir haciendo vista gorda de esta nueva forma de contratación laboral que tiene el Gobierno».