El proyecto ha pasado por tres gobiernos, y para las comunidades de La Higuera y de distintos rincones de la región, con lo resuelto por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, «por fin vemos que va a ser viable ¡y es viable!», dijeron.
Casi un año después de que el Comité de Ministros rechazara -por segunda vez- el proyecto minero y portuario Dominga, el Primer Tribunal Ambiental determinó anular lo decidido en aquella instancia, restableciendo la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la iniciativa ligada a la familia Délano, que considera una inversión de US$ 2.500 millones.
En la región, ayer agrupaciones pro Dominga festejaron en La Serena, en Avenida Francisco de Aguirre, frente a los bomberos, básicamente por una promesa de empleo para una parte de la región, deprimida económicamente y cuyo tejido social está dividido entre los que están a favor y quienes están en contra.
«Más que alegres, rebosante de alegría, porque creemos que por fin llega la oportunidad de salir adelante. Llevamos más de una década luchando con todos los insultos, tropiezos y por fin vemos que este proyecto va a ser viable ¡y es viable!», cuenta Oscar Trigo, vicepresidente de la Unión Nacional de Trabajadores de Chile y presidente de FETRAC, Federación de Trabajadores de Chile.
El fallo, sin embargo, fue criticado por organizaciones ambientalistas y por el diputado PS Daniel Manouchehri, quien afirmó: «creemos que este proyecto debe ser rechazado, porque si Dominga se aprueba, se muere el alma de este gobierno».
¿Qué viene ahora?
Frente a la sentencia del Tribunal Ambiental, corresponde que el SEA, como órgano secretario del Comité de Ministros, presente un recurso de casación en contra de la sentencia del Tribunal Ambiental, esperando que la Corte Suprema valide el rechazo definitivo del proyecto.
Asimismo, las personas naturales y organizaciones de la sociedad civil que han participado en este proceso oponiéndose al proyecto, también podrán presentar recursos de casación en contra de la sentencia del Tribunal Ambiental.
Además, dado que el Tribunal ordenó al Comité de Ministros a pronunciarse nuevamente, en un plazo de 15 días, que coincide con el plazo para presentar los recursos judiciales ante la Corte Suprema, será necesario que esta instancia nuevamente acoja los distintos recursos de reclamación que se presentaron por parte de quienes participaron del proceso de evaluación ambiental, en los que se demuestran las distintas razones para rechazar el proyecto.
