El mapa se ha incrementado los últimos años con la llegada de variados migrantes. La región de Coquimbo no es la excepción, especialmente en el sector agrícola, reconocen desde Fundación Libera.
Es de no creer, pero se supone que la esclavitud fue abolida hace más de 160 años. Sin embargo, como hoy es un negocio muy lucrativo, la trata de personas, una forma de esclavitud moderna, sigue haciendo eco.
Porque consiste en engañar a una persona, moverla y trasladarla de su lugar de redes y luego someterla a explotación, y eso está presente en la prostitución, explotación sexual de menores y en el trabajo forzado que ocurre en el campo, en el servicio doméstico, en las fábricas, en la pesca, construcción… Y en el país es una realidad.
Según el índice global de esclavitud, en la última estimación del año pasado, la cantidad de personas en situación de esclavitud moderna solo en Chile se estimaba en 63 mil personas.
Lamentablemente muchas de estas formas se dan en casi todas las regiones, reconoce Carolina Rudnick, presidenta de Libera, fundación sin fines de lucro que tiene por objeto contribuir a prevenir y a combatir la trata de personas y la esclavitud en todas sus formas.
«Que la trata de personas es algo lejano al país, lamentablemente es todo lo contrario y uno de los fracasos del sistema, por cuanto llevamos 13 años desde la dictación de la ley y todavía no existe una comprensión de parte de la opinión pública, y diría que también por parte del Estado, de manera transversal, de que la trata es una realidad, que está en nuestro país hace mucho tiempo, incluso antes de la dictación de la ley».
Representación
y litigación
Esta fundación nace en 2016 gracias a un grupo de ex funcionarias públicas y profesionales de organismos internacionales, «a quienes nos tocó trabajar en la primera política pública en materia de trata de personas», cuenta Carolina, a cargo de la defensa jurídica de víctimas y litigación estratégica.
Y si bien Chile tenía protocolos, procedimientos y una ley, lamentablemente prejuicios y discriminaciones basadas en estereotipos, «impedían identificar a las víctimas tanto de explotación sexual como laboral. Entonces en 2017 comenzamos un trabajo de difusión y en 2019 partió la labor de identificación de casos, representación y litigación jurídica ante tribunales».
Como fundación, están al tanto de los prostíbulos en el centro de La Serena, que dio a conocer Diario La Región durante la semana, «y la verdad es que esa noticia no pone en cuestionamiento el hecho de que es muy posible que existan mujeres en esos prostíbulos, que potencialmente pueden estar producto de engaño, abuso de vulnerabilidad y que no pueden salir porque están coaccionadas por amenaza física, económicas o de denuncias a las autoridades».
Además, «en la región, para nosotros y en base a nuestras investigaciones, en el sector agrícola el nivel de trata es altísimo. Hemos hecho registros de prensa desde que se dicta la ley y la cantidad de casos que han aparecido en noticias locales, con identificación de fundos que tienen trabajadores extranjeros sin documentos, en condiciones denigrantes sin pago de sueldo o mínimos, ha sido una constante. Entre 2016 y 2018 hubo muchos casos y nosotros tenemos en tribunales casos contra empresas contratistas. Diría que el sector agrícola en Coquimbo es muy riesgoso en esta materia».
CAPACIDADES
LIMITADAS
Los casos que no pueden tomar, «porque nuestras capacidades son limitadas», son derivados a otras ONG o derechamente al sistema público.
Un panorama complejo, que se ha visto acrecentado estos últimos años por la migración irregular, «pero no lo queremos ver o no hay suficiente sensibilidad para darnos cuenta», se queja.
Pese al trabajo del Gobierno y del Ministerio del Interior, cree que falta voluntad política.
«Ha habido momentos de mayor voluntad, puesto que el Ministerio del Interior lidera la mesa intersectorial de trata de personas y saca planes de acción, pero lo que sentimos y donde no hay conciencia, es en la profundidad de este fenómeno en Chile, y esta falta de voluntad se manifiesta principalmente en que nunca se le ha asignado presupuesto».
Solo en una ocasión, en 2018, se entregaron un poco más de cien millones de pesos para la política pública, «pero el Gobierno entrante sacó esa colocación de presupuesto y nuevamente nos quedamos sin nada. Entonces siempre hay dificultades para capacitar».
La trata es «la actividad criminal más grande del mundo», pero sigue siendo un delito casi desconocido en el que se estima que por cada víctima, hay veinte más sin identificar y es prácticamente invisible.
Reconoce la profesional que si bien ha existido un intento de darle cierta prioridad al meter el tema en la política pública sobre el crimen organizado, advierte que existe otro fenómeno de la trata, «que ocurre en ambientes pedestres, formales, regulares y que no los vemos porque no hemos podido reconocer el nivel de explotación que se da en la economía formal, y está ocurriendo con la persona que te atiende el restaurante, en el temporero, en el trabajador de la construcción, con la empleada doméstica…».
Este es un crimen que se incrementa con la tecnología, que se convierte en un arma de doble filo y principalmente con migrantes, la población con más riesgo.
