Para las 15:00 horas de hoy está fijada la audiencia clave por el caso Dominga en el Tribunal Constitucional. En la primera sala de la entidad se analizará la admisibilidad del requerimiento presentado por un grupo de pescadores de Los Choros en la comuna de La Higuera.
Para esta jornada se esperan los alegatos de la empresa controladora del proyecto Dominga, Andes Iron, y por el otro lado, Oceana, Modema, la agrupación de pescadores de Los Choros y particulares (que tienen recursos interpuestos en la Corte Suprema), que todos se anunciaron para alegar.
El recurso se fundamenta en que en uno de los artículos de la normativa que aplicó en su fallo el Tribunal Ambiental de Antofagasta, señala que debía ser responsabilidad del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el considerar la existencia antecedentes previos a la hora de evaluar el proyecto, porque solo semanas antes se había aprobado un proyecto a solo kilómetros donde estará el puerto de la faena operada por Andes Iron.
La Asociación Gremial de Mariscadores y Pescadores de Los Choros presentó ante el Tribunal Constitucional (TC), un recurso de inaplicabilidad, iniciativa legal que busca dejar sin el efecto el fallo del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA), el que ordenó retrotraer el proyecto hasta la Comisión de Evaluación Ambienta (CEA) de la Región de Coquimbo.
En el recurso presentado el 14 de septiembre pasado, los abogados Diego Lillo y Javiera Calisto, afirman que interponen este debido que supuestamente se habrían infringido la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Esto debido a que en uno de los artículos de esta normativa que aplicó en su fallo el Tribunal Ambiental de Antofagasta, se señala que debía ser responsabilidad del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el considerar la existencia de una guía metodológica a la hora de evaluar el proyecto, en circunstancias que solo semanas antes se había aprobado una iniciativa similar a solo kilómetros donde estará el puerto de Dominga.
Según la interpretación de la defensa del gremio de pescadores, la herramienta para uniformar los criterios o exigencias técnicas asociadas, es sólo una opción, y no debería ser considerada como una obligación para la administración.
