Tras la nota publicada en LA REGIÓN, en donde la directiva regional de la UDI informaba que le había recomendado a la ex intendenta Lucía Pinto suspender su militancia y que había entregado los antecedentes al Tribunal Supremo del partido, Gonzalo Cordero, integrante del órgano, precisa que no ha llegado a su conocimiento ningún antecedente relacionado con la otrora máxima autoridad regional vinculada con el Papaya Gate.
Desde la directiva regional de la UDI habían informado que le solicitaron a Lucía Pinto, ex intendenta de la región de Coquimbo, quien es investigada por un presunto fraude al fisco por la compra irregular de terrenos para el centro deportivo San Ramón, por más de 9.800 millones, caso conocido como el Papaya Gate, que suspendiera su militancia en el partido.
En ese sentido, Cristian Smitmans, secretario general de la UDI, había señalado a este medio que el Tribunal Supremo tenía los antecedentes y tomaría la determinación.
Palabras que no pasaron desapercibidas por Gonzalo Cordero, integrante del Tribunal Supremo de la UDI y antiguo militante, quien señala que pese a que vive en Santiago desde hace muchos años, sigue con mucho interés la actualidad de la región leyendo la buena prensa.
«Leo en diario LA REGIÓN que la directiva local de la UDI le habría pedido a Lucía Pinto que congelara su militancia y que el Tribunal Supremos tiene los antecedentes y tomará la determinación… Quisiera hacer una reflexión política y una pequeña precisión», comenta.
Señala que «me sorprende que la directiva, ignoro si con el acuerdo de todos sus integrantes, haya decidido pedirle a la ex Intendenta que congele su militancia. Primero, porque se trata de una persona cuya trayectoria personal y política es intachable; segundo, porque no existe a su respecto resolución alguna de ningún órgano judicial o administrativo que le afecte».
Agrega que «es un error manifiesto sostener que ella ‘es investigada por un presunto fraude al fisco’, pues mientras no exista una formalización a su respecto, dicha afirmación es imprecisa, por decir lo menos».
«Desde un punto de vista político, uno esperaría que un partido de centroderecha se apegara fielmente a las reglas del estado de derecho, aunque en el corto plazo ello le pudiera significar incomprensión y costos electorales», puntualiza.
HACE UN LLAMADO
A SU PARTIDO
Agrega que «espero y confío que los militantes, y especialmente los parlamentarios de la UDI en la región, reflexionarán sobre las implicancias a largo plazo que producen las decisiones y posiciones que se adoptan en estas materias.
Además, sería una ingenuidad creer que si Lucía Pinto aceptara la recomendación de la directiva regional, ello acarrearía que sus adversarios políticos dejarían de referirse al tema que les preocupa».
«Por último, en mi calidad de integrante del Tribunal Supremo de la UDI, aprovecho de precisar que no ha llegado a nuestro conocimiento ningún antecedente relacionado con Lucía Pinto», cierra.
LO POLÍTICAMENTE CORRECTO
Relata el personero de la UDI que «son demasiados los ejemplos en la historia de Chile y en otras partes del mundo, que muestran cómo el abandono de las reglas generales y objetivas conduce al abuso de lo políticamente correcto, al imperio de los que se atribuyen superioridad moral y a la demolición de la democracia representativa, antes llamada ‘burguesa’ y ahora descalificada como ‘formal’ o ‘capturada».
Dentro de sus reflexiones, sostiene que «quién juzga y sanciona a las personas en un estado de derecho… Desde luego no son las redes sociales, ni es la prensa, ni siquiera el Ministerio Público o el Consejo de Defensa del Estado. Cada una de las instituciones mencionadas cumplen un rol muy importante, son actores indispensables, pero sus decisiones deben interpretarse en el contexto de sus atribuciones».
«No basta decir que se respeta la presunción de inocencia, esa declaración tiene que ser consistente con las acciones, pedirle a Lucía Pinto que «congele su militancia» es negarle, de hecho, ese principio fundamental», enfatiza.
