El caso, que explotó en 2020, por la compra a un precio muy superior a su avalúo de un terreno en el sector de San Ramón, sigue con su investigación y sin individualizados por una compraventa que involucró más de $ 9.800 millones, recursos correspondientes al Gobierno Regional. Parlamentarios de la zona esperan que la Fiscalía Regional de Valparaíso apure el tranco.
Rodrigo Solís A.
Han pasado tres años y casi tres meses desde que el caso «Papaya Gate» explotó en la opinión pública. A modo de recuerdo, todo esto se remonta a 2019, cuando se aprobó la compra de terrenos en el sector de San Ramón, comuna de La Serena, con recursos del Gobierno Regional, por un monto cercano a los $ 9.800 millones. La tasación del terreno apenas superaba los $ 4 mil millones.
Una vez que el caso «reventó» mediáticamente, el ex Presidente Sebastián Piñera pidió la renuncia de la intendenta en ejercicio, Lucía Pinto, y posteriormente también fueron removidos José Cáceres, ex administrador regional, y el ex jefe jurídico Eduardo Espinoza. También las miradas recayeron en el gerente de las inmobiliarias involucradas en el caso, Pablo Bracchita.
Paralelamente, la Fiscalía Regional de Valparaíso inició una investigación para determinar responsabilidades en este asunto, a cargo de la persecutora Claudia Perivancich, pero hasta hoy, y a sólo horas de que finalice el 2023, no hay formalizados por este caso.
¿Por qué se actúa en forma tan lenta? ¿Qué intereses hay detrás? Conversamos con diversos parlamentarios de la zona, algunos de los cuales han seguido muy de cerca el caso, para intentar dilucidar lo que ocurre en torno a una eventual multimillonaria defraudación.
LENTITUD
El senador Daniel Núñez (PC) fue un entusiasta impulsor de acciones para conocer el trasfondo del caso «Papaya Gate». Incluso fue el presidente de la Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados durante 2021, cuando aún integraba la Cámara Baja.
A poco más de tres años de que explotara el caso, el senador reconoce que la lentitud en términos de formalizar a responsables, «es preocupante. Es grave que la Fiscalía no arroje quienes son los que estuvieron detrás de todo esto. De todas formas, es bueno que exista una querella del Servicio de Impuestos Internos contra las inmobiliarias por evasión tributaria, porque se trata de una situación grave y constitutiva de delito. Es una acción importante, pero aún pequeña e insuficiente».
En relación a la ex intendenta Lucía Pinto, aseguró que «es claro que ella tiene una responsabilidad política. Por algo el Gobierno de Sebastián Piñera le pidió renunciar, porque todo ocurrió con su equipo de confianza, con acciones que probablemente ella avaló y promovió».
Núñez recordó que «incluso la Contraloría aplicó sanciones de inhabilidad contra ella, pero lo que ahora falta por saber es si existen responsabilidades penales, y esa responsabilidad no la puedo atribuir yo. Tengo sospechas fundadas de que Lucía Pinto fue responsable y que incluso pudo obtener beneficios de todo esto, pero de todas maneras pido más celeridad de parte de la Fiscalía».
CON MATICES
Desde la oposición también esperan mayor celeridad en torno a esta materia. Al respecto, el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) también se mostró inquieto ante los plazos para encontrar responsabilidades, aunque también «repasando» a políticos ligados al oficialismo.
«Acá lo que hay que hacer es apurar, acelerar el proceso y que se identifique a los verdaderos responsables, porque queda claro que hasta el momento no se ha podido determinar la responsabilidad de aquellos a los que tanto apuntaron algunos políticos. Acá, más que seguir esperando hay que acelerar el proceso, de tal manera de poder establecer claramente las responsabilidades y las eventuales absoluciones que podrían darse en este caso», puntualizó.
CONFIANZAS E
INSTITUCIONALIDAD
La diputada Carolina Tello (PC) recordó que «este es un caso de alta connotación pública en nuestra región, que ha significado un perjuicio enorme para las arcas fiscales y daña la confianza en las instituciones y autoridades implicadas. Espero que las diligencias comiencen a dar resultados a tres años de que se conociera el caso por el Ministerio Público».
Por otra parte, la parlamentaria apuntó hacia la probidad. «La ciudadanía debe tener la confianza en que los recursos públicos, que son fruto del esfuerzo de todas las y los contribuyentes, van a ser bien utilizados, y que, si se detectan irregularidades o delitos, estos serán juzgados oportuna y adecuadamente».
Por esto, la diputada aseguró que «solicitaremos a la Comisión de Gobierno Interior invitar al fiscal nacional a fin de conocer más antecedentes del proceso y los plazos».
VALORA TRABAJO
DE LA FISCALÍA
En tanto, el diputado Víctor Pino (Avancemos Chile), tiene mayor confianza en el trabajo que está realizando la Fiscalía no sólo en el caso Papaya Gate, pero sin olvidar la importancia de acelerar los pasos. «Respetar la institucionalidad y la separación de los poderes del Estado, es un deseo de todos quienes nos consideramos demócratas. Es importante dejar que los procesos sigan su curso. Si aún no hay formalizados, quiere decir que la Fiscalía todavía sigue recabando antecedentes sobre el caso. Espero que los tiempos se puedan acortar sin afectar la investigación y que, en el primer semestre del año 2024, los responsables puedan ser formalizados».
El parlamentario destacó que «el Ministerio Público viene haciendo un buen trabajo en perseguir los delitos que involucran el mal uso de los recursos públicos. Lo hemos visto este año con la formalización de los implicados en el «Caso Convenios», incluso con solicitudes de desafuero para esclarecer la verdad, por lo cual, no dudo que la Fiscalía avanzará en recabar los antecedentes necesarios para avanzar en esta investigación», concluyó.