Este martes, y en su segundo día de debate, finalmente la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados despachó para su discusión en la Sala el proyecto de ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales.
La noticia fue bien recibida por la Organización Regional de Usuarios del Transporte de Coquimbo, quienes ven en ese proyecto una manera de comenzar a regular las malas condiciones laborales en que se encuentran los choferes del transporte mayor.
Felipe Barraza, presidente de la organización, precisó que «es sabido que los choferes trabajan muchas horas para poder hacer la cuota, primero para el arriendo de la máquina, y luego para el dinero de ellos, entonces si uno analiza la situación que viven a diario, se puede entender que existe una condición de estrés, porque hoy las calles están saturadas y porque los mismos conductores se estresan bajo esta situación. Y como todo eso va en directo perjuicio del consumidor, nosotros como organización pensamos no solamente en el bienestar de los usuarios, sino que también en los conductores no propietarios, pues entendemos que una buena conducción significa que el usuario puede llegar tranquilo a su destino y no tendrá un problema con el conductor porque no está estresado».
Barraza, junto a Enrique Garate, secretario de la organización, entienden que existe un tema de salud física y mental por parte de los conductores, lo que evidentemente termina afectando a todos.
«Ellos, e insisto, y como lo han señalado en cientos de oportunidades, no tienen derecho o el tiempo ni siquiera para bajar al baño, debido a que a veces una vuelta puede durar, incluso, hasta dos horas en un puro recorrido, y con suerte logran tomar desayuno y menos comer. Por consiguiente, cuando los dirigentes nacionales del transporte plantean que este proyecto de las 40 horas semanales está fuera de la realidad, nosotros creemos que quienes están fuera de la realidad son ellos, al no saber las condiciones que se vive en cada región, en un transporte que no está licitado y que no entrega las garantías para los usuarios. Por lo mismo, como Asociación de Usuarios del Transporte de Coquimbo, le decimos al Gobierno que la inconstitucionalidad es estar desacreditando un proyecto que va en directo beneficio de millones de trabajadores, ya sean conductores del transporte público o los mismos usuarios, que también son trabajadores», apuntó Garate.
