Repercusiones generaron las denuncias realizadas por vecinos de Las Compañías, quienes se quejan de ser discriminados a la hora de otorgarles soluciones concretas para erradicar la delincuencia en sus barrios, siendo favorecidos sectores más acomodados con menores índices de robos y asaltos.
Habitantes de la Compañía Alta y Baja piden a las autoridades frenar ilícitos en el sector como asaltos a mano armada y microtráfico de drogas por jóvenes pandilleros.
Para Margarita Carrasco, presidenta de la junta de vecinos Muni Progreso de calle Lautaro con Valparaíso en la Compañía Alta, los programas de la Coordinación Regional de Seguridad van dirigidos a sectores acomodados como Cerro Grande y San Joaquín. La dirigente asegura que los «pobres» son dejados de lado y las autoridades sólo los instan a tener paciencia. «Se pide peaje a los conductores de vehículos para pasar, si no sufren la destrucción de vidrios», agregó.
La IX Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló un alza del 2.2% en la zona durante los últimos doce meses. Carrasco es parte del 73,8% que opina que la delincuencia aumentó, aunque considera «difícil» que las autoridades generen soluciones a corto plazo para Las Compañías. Uno de los problemas sería el retraso en el actuar del Plan Cuadrante. Luis Cortés, dirigente del sector Puertas del Valle, aseguró que «están presentes en calles Uruguay con Caldera, pero esto se dio a partir de enero. Queremos hacer llegar nuestros problemas mes a mes».
Acusan asaltos a casas aledañas con armas hechizas y destrucción de espacios públicos.
Hortensia Flores, Coordinadora Regional de Seguridad, sostuvo que es injusto decir que existe discriminación, asegurando que de los tres años en el cargo sólo ha visitado dos veces al Cerro Grande. «La prevención y autocuidado no tiene relación si las personas viven en Cerro Grande o Las Compañías. Todos estamos expuestos a las mismas condiciones delictuales», aclaró.
Flores esgrimió que continuamente se reúnen con pobladores para establecer correcciones y lo que verdaderamente debiesen sentirse discriminados son los vecinos de sectores acomodados, ya que «dejan de recibir proyectos de autocuidado y protección por contar con mayores recursos».
La Coordinadora de Seguridad solicitó unión ciudadana para hacer valer derechos contra la droga, robos y violencia intrafamiliar en los barrios.
Vecinos del Cerro Grande se reunieron en marzo con personal de la PDI, Carabineros y Coordinación de Seguridad para prolongar medidas de autocuidado. Entre enero y febrero se registraron 1.043 delitos violentos y 2.437 infracciones contra la propiedad privada.
