Luego de la denuncia hecha por integrantes del Comité de Vivienda S-16, que agrupa a más de 700 familias de Coquimbo presuntamente estafadas, desde el municipio señalaron que no han dejado solas a las familias, y entre algunas medidas consiguieron subsidios de arriendo y llaman a vecinos a hacer una denuncia formal para remitir los antecedentes a la Fiscalía.
A principios del mes de enero de este año, la municipalidad de Coquimbo, a través del alcalde Alí Manouchehri, y en particular la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), representada por Cristóbal Reyes, fueron puestos en conocimiento, por parte de un gran número de vecinas y vecinos de la comuna, de la presunta estafa que estarían siendo víctimas al entregar cerca de $ 180 millones de pesos a la directiva del Comité de Vivienda de Pescadores S-16, con el fin de materializar el sueño de la casa propia.
Mediante un comunicado explican que de manera inmediata el municipio comienza a realizar gestiones tendientes a averiguar la veracidad de los hechos denunciados, pudiendo constatar primeramente por información proporcionada por el Departamento de Vivienda que dicho Comité contaba con personalidad jurídica provisoria desde 2017 y que en los registros formales contaba con la presencia de 26 socios, quienes habían sido contactados por parte del municipio por un nuevo proyecto de departamentos a los cuales podrían acceder, obteniendo como respuesta que no estaban interesados puesto que preferían casas, y que actualmente estaban trabajando con una entidad patrocinadora particular.
Siguiendo con la recopilación de información, desde el municipio logran determinar que existiría un número aproximado de 700 familias afectadas. Las cuales habrían pagado a los representantes del Comité diversas sumas de dinero, recopilando al día de hoy más de 500 comprobantes de transferencias que sumarían más de $ 100 millones.
Por su parte, desde el SERVIU indicaron que actualmente no existirían proyectos contemplados para dicha organización, y que tampoco tienen registros de que el Comité haya estado postulando a viviendas mediante una Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) particular, por lo que infirieron que los hechos narrados podrían constituir el delito de estafa, precediendo en conjunto con los afectados a realizar la denuncia en Fiscalía.
Por lo pronto, la Dirección de Desarrollo Comunitario ha dividido el trabajo y las acciones a realizar en tres áreas: soluciones habitacionales, ayuda social y responsabilidad penal.
Apoyo social a víctimas
En cuanto al apoyo social, actualmente cuentan con un equipo de trabajadoras sociales para determinar las situaciones o casos más urgentes. Así, a partir de este primer catastro y análisis de las más de 700 familias afectadas, los equipos se encuentran analizando, mediante visitas domiciliarias y la revisión de antecedentes sociales.
Así, en conjunto con SERVIU, han podido conseguir subsidios de arriendo mediante asignaciones directas para aquellos casos donde detectaron hacinamiento u otras problemáticas habitacionales graves.
Así como también han entregado cajas de alimentos, vales de gas, utensilios de aseo, además de asistencia psicológica profesional, entre otros. Paralelamente se han realizado derivaciones al Departamento de la Mujer para entregar un apoyo integral a las jefas de hogar.
Llamado a sumarse
a las denuncias
Desde el municipio aclaran que hasta el momento, de las más de 700 familias afectadas,
llevan alrededor de 40 declaraciones, por lo que esperan en estos días aumentar dicha cantidad. Para eso hacen un llamado a todos los afectados a que realicen su declaración y así puedan obtener justicia. Aclaran que la declaración es de carácter privado, o sea que nadie más que el Fiscal sabrá quienes realizaron dicho trámite, por lo que los nombres de quienes la realicen no serán expuestos de ninguna forma, «es importante mencionar aquello y poder darles tranquilidad a nuestros vecinos, ya que en los últimos tiempos han recibido variadas amenazas a fin de que no prosigan con la denuncia».
